La policía y el ejército ya no protegen a la gente, protegen al poder. Mientras los barrios ricos tienen seguridad privada pagada con impuestos, los sectores populares viven bajo la ley del crimen. Protestar es un delito, pero saquear el erario no. Las armas del Estado no apuntan a los corruptos, sino a los ciudadanos que se atreven a pedir justicia.
