El voto no es un derecho, es una mercancía. Dependiendo del lugar, su precio varía: en zonas pobres, una bolsa de comida; en áreas urbanas, un billete bien doblado. Pero hay métodos más refinados: se manipulan bases de datos, se contratan hackers para alterar resultados o se rellenan urnas con sufragios «fantasma». Y si todo falla, se hace lo más efectivo: amenazar a la gente con quitarle subsidios si no vota «correctamente».
